El papel de las instituciones en la regulación de Bienes de Uso Común.

Por: Ingrid Carolina García Sevilla

Las interacciones entre los humanos y el ambiente han sido estudiadas por diferentes disciplinas, cada una de las cuales ha empleado enfoques teóricos muy diversos, que incluso llegan a confrontarse. El control, la distribución y el acceso a los bienes de uso común (BUC) por parte de diferentes actores sociales son temas que involucran una serie de retos en el momento de analizarlos, debido a que éstos se desarrollan en determinados territorios en donde se ven a afectados por factores económicos, sociales, políticos y culturales (Anderson et al., 1997), y en los que existen intrincadas relaciones de poder (Clement, 2010), es decir, existe una interacción interescalar entre instituciones que va delineando la estructuración de los marcos regulatorios que rigen los BUC (Ostrom 1995; Stoll-Kleemann et al., 2006; Paré y Fuentes, 2010). En específico, sobre la gestión de los BUC, Garrett Hardin, en 1968, concluye en su obra The Tragedy of Commons que el uso común de estos recursos lleva a la sobreexplotación del ambiente y su consecuente degradación. Hardin parte de la idea de que los individuos involucrados en el uso de BUC se guían por comportamientos egoístas: “Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons” (Hardin, 1968). Analizado desde esta perspectiva, el uso y acceso de BUC lleva a la sobredemanda y a un alto riesgo de agotamiento de éstos. Esta forma de analizar la gestión y control de los BUC, constituyó una visión dominante por décadas y aún influye en la toma de decisiones políticas, muestra de ello son las formas de conservación estricta que se han desarrollado a nivel mundial. “The tragedy of Commons” sostiene que la única manera de evitar la destrucción de los recursos es a través del control centralizado del Estado o la privatización. Esta visión llevó a construir políticas públicas estandarizadas, que fortalecían el control de Estado o la privatización como, por ejemplo, el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP), que han sido el principal instrumento de conservación de la política ambiental mexicana (Paz, 2005) o, también en el caso de México, las reformas al artículo 27 Constitucional, que buscan la formación de un mercado de tierras, incluyendo aquéllas antes inalienables, como los ejidos (Wilshusen, 2010).

En respuesta a ese planteamiento acerca de la gestión de los BUC, se posicionan los trabajos realizados por Elionor Ostrom, economista estadounidense, quien brindó un enfoque teórico basado en la capacidad de las comunidades locales para crear mecanismos institucionales sólidos, que permiten gobernar los recursos locales comunes de manera sostenible. Esta perspectiva indica que el uso común de los recursos no necesariamente deriva en la degradación y el agotamiento de éstos. Para ser viables, dichos mecanismos deben adaptarse a la ecología local y a la estructura social de los usuarios, de forma que existan procesos de legitimación y apropiación de los diferentes acuerdos sobre la gestión de su ambiente (Ostrom et al., 2006). Los mecanismos de manejo de BUC forman parte de la gobernanza ambiental, entendida como un proceso de organización, participación, negociación y acuerdos entre instituciones y actores, en diversas escalas (local, regional, nacional e internacional) y diferentes ámbitos del mundo económico-social (…) que determinan las normas y modalidades que definen un territorio en particular (Brenner et al., 2012). Es así, que actores y estructuras que operan a diversas escalas interactúan para dar lugar a procesos socioecosistémicos particulares. La viabilidad de la configuración de la gobernanza depende en buena medida de que los diversos actores sociales sean involucrados en la solución de estos problemas (Ostrom, 2006). Este marco conceptual ha sido enriquecido por Clement (2010), quien incluye en el análisis de la gobernanza, las relaciones de poder entre los actores sociales involucrados.

El nacimiento del enfoque que nos brinda la gobernanza ambiental apoyó la ruptura del paradigma preponderante que sustenta una visión dicotómica de la relación humanos naturaleza, abriendo así camino al reconocimiento de la realidad que cientos de poblaciones han construido a lo largo de su historia con el ambiente. Sin embargo la realidad se contrapone con lo desarrollado en teoría, ya que las formas de conservación preponderantes siguen siendo el impulso y creación de las Áreas Naturales Protegidas que muchas veces siguen modelos de conservación estricta, esto en vez de crear y construir nuevas formas a partir de lo ya desarrollado, el problema principal ha sido que tendemos a obligar a adaptar un modelo homogéneo que ignora particularidades de los socioecosistemas.

En conclusión, uno de los grandes retos que tenemos los investigadores socioambientales al momento de trabajar dentro de diversas áreas de estudio en las que nos desarrollamos, es analizar y entender los esquemas multiescalares de gobernanza ambiental que rigen el uso de los BUC, sin dejar de lado las relaciones de poder que van definiendo diversas dinámicas dentro del territorio.

Debemos buscar comprender de forma integral el sistema en el que intervenimos y más que adaptar distintas estrategias, éstas deben de ser construidas, sí con base en experiencias dentro de otros socioecosistemas, pero que necesariamente respondan a los factores específicos dentro de éstos, porque de nada serviría entonces nuestra intervención para incidir de una mejor forma, una que tenga el potencial de ser apropiada en el proceso de construcción, con la gente que realmente va a vivirla y ha hacer de ella una realidad.

Referencias 

Bibliografía:
• Anderson, et al. (1997) “Setting the Stage”, in Addressing Natural Resource Conflicts through Community Forestry, Forests, Trees and People Program, FAO, Rome, 1997.
• Brenner, L. y San German S. (2012). Gobernanza local para el “ecoturismo” en la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca, México. Alteridades, 22(44), Pp. 131-146. Recuperado en 23 de mayo
de 2016, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188 70172012000200009&ln g=es&tlng=es
• Clement, F. (2010) Analysing decentralised natural resource governance: proposition for a “politicised” institutional analysis and development framework. Policy Sci (2010) 43:129–156
• Hardin, G. (1968) The Tragedy of Commons. Science, Vol. 162, pp. 1243-48.
• Ostrom, E. y Nagendra, H. (2006) Insights on linking forests, trees, and people from the air, on the ground, and in the laboratory. PNAS. Vol. 103; 51. Pp 19224–19231.
• Paz, F. (2005) La participación en el manejo de áreas naturales protegidas: Actores e intereses en conflicto en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/ UNAM. 367 p.
• Ostrom, E. (1995). Understanding institutional diversity. Princeton, New Jersey: Princeton University
Press.
• Paré, L. y Fuentes, T. (2010), Gobernanza ambiental y políticas públicas en Áreas Naturales Protegidas, ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Sociales.
• Stoll–Kleemann, S. et al. (2006). Linking Governance and Management Perspectives with Conservation Success in Protected Areas and Biosphere Reserves. Berlín: Humboldt University.
• Wilshusen, P. R. (2010) The Receiving End of Reform: Everyday Responses to Neoliberalization in
Southeastern Mexico. Environmental Studies Program, Bucknell University, Lewisburg, USA.

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