Áreas Naturales Protegidas en México: los consejos asesores como modelo de gobernanza ambiental.

La gobernanza ambiental se ha convertido en uno de los aspectos imprescindibles para asegurar el funcionamiento efectivo de diversos instrumentos de conservación1. En México, como en el mundo, las áreas naturales protegidas (ANP) han demostrado ser una de las políticas de conservación más importantes (SCBD, 2004; EUROPARC-España, 2014) y la inclusión de procesos participativos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, es ya parte inherente de estas políticas. En ese sentido, los consejos asesores son un órgano legalmente constituido (LGEEPA, Art.19, 2014), que funcionan como un espacio participativo para los actores involucrados en las ANP de todo el país. Actualmente, se administran 177 ANP de carácter federal y, dado la importancia que se le han otorgado a los procesos participativos, vale la pena detenerse en un ejemplo de este ejercicio: el Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP).

No es nada fácil hacer funcionar un espacio participativo donde convergen distintos actores con experiencias, visiones y posturas distintas. Este ensayo analiza la complejidad de impulsar un modelo de gobernanza ambiental –como es un consejo asesor– en un ANP que, por sus cualidades, ha recibido atención nacional e internacional en los últimos años por parte de diversas instituciones.

Para ello, abordaré los elementos necesarios de la gobernanza enmarcados en un contexto donde los problemas ambientales tienen cada vez más relevancia. Posteriormente, hablaré del consejo asesor de Cabo Pulmo en el que se refleja: 1) la complejidad de la política ambiental y 2) las diversas partes involucradas en la toma de decisiones.

Por último, lanzaré algunas reflexiones en torno a la necesidad que estos modelos de gobernanza funcionen para el manejo de los recursos naturales.

El término gobernanza (governance) comenzó a utilizarse con mayor frecuencia en la década de los 90, por instituciones como el Banco Mundial (Aguilar, 2010) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Barriga et al.,2007).

Paralelamente, se desarrolló no sólo la necesidad que se involucraran diversos actores en la toma de decisiones2 sobre cuestiones ambientales, sino también cómo debía ser es proceso. La deliberación en los procesos de toma de decisiones , se hizo una de las cualidades más importantes y, casi de manera automática, también resultaron relevantes la inclusión, la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad (Alfie-Cohen, 2013).

De ahí que la gobernanza se refiera al conjunto de actores, procesos y  mecanismos en los que los agentes interesados –sociales, políticos y económicos– interactúan en la gestión ambiental (Martínez y Espejel, 2015, p.172).

En un escenario donde se involucran diversos actores para hacer frente a necesidades acuciantes, como la conservación de los recursos naturales, vale la pena hablar de la noción de complejidad. Del Moral-Ituarte y Pedregal- Mateos (2002) destacan que este concepto no sólo refiere a lo complicado que resulta elaborar políticas ambientales; la sociedad y la naturaleza interactúan de tal manera que es necesario abordar sus problemáticas más allá de la acumulación y posterior aplicación del conocimiento científico.

La noción de complejidad implica reconocer las múltiples interrelaciones que se dan entre estos dos sistemas (naturaleza-sociedad) que, a su vez, exigen ser abordadas desde diferentes ángulos y perspectivas. En otras palabras, los problemas ambientales implican una pluralidad de perspectivas legítimas e incertidumbres, pues se trata de cuestiones en las que no siempre es posible medir con certeza las consecuencias, magnitudes y probabilidad de que estos sucedan.

Por ejemplo, ¿cómo se puede actuar ante la urgencia de proteger determinada especie?, ¿es mejor la propuesta científica de una institución, la propuesta de manejo que lleva implementando por años una institución pública o el conocimiento local? Sí, depende de muchos factores. Pero la respuesta definitiva parece casi impensable si, de alguna manera, no se toman en consideración las tres.

Los consejos asesores de las ANP pretenden subsanar esta problemática a través de los principios de representación, deliberación, participación y corresponsabilidad. La conformación de cada consejo supone que todos los sectores involucrados en el ANP están representados. El Parque Nacional Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur, contó desde su decreto (1995) con su consejo asesor y, después de diversos esfuerzos, éste se reactivó desde 2009. En su caso, el consejo asesor tiene representantes de la dirección del ANP, representantes de gobiernos locales, prestadores de servicios turísticos (buceo en sus distintas modalidades, snorkel, pesca deportiva, ribereña y de autoconsumo), organizaciones de la sociedad civil y del sector académico.

El PNCP ha resultado de interés para muchos actores por varias cuestiones: 1) la comunidad dejó de pescar y decidió enfocar sus actividades económicas hacia el turismo sostenible; 2) su diversidad biológica (como el único arrecife coralino con el que cuenta el Golfo de California) aporta grandes beneficios ecológicos3 ; 3) la belleza paisajística del lugar atrae numerosos visitantes anualmente, y 4) la propuesta de desarrollar diversos proyectos turísticos4 de gran envergadura ha atraído la atención nacional e internacional para rechazar contundentemente la autorización de los mismos.