¿Las reglas se hicieron para romperse?

Laura Hernández Delgado

No es la primera vez que se dice que México es un país con muchas leyes, algunas con las que estamos más familiarizados, como aquellas dirigidas a la comunicación, el deporte, la educación… otras un poco menos conocidas, como las relacionadas con el medio ambiente, pero todas ellas tienen la misma finalidad: evitar conflictos y mantener un orden y equilibrio en el entorno en el que nos desenvolvemos día con día, independientemente del campo de aplicación o el sector al que estén dirigidas.

En cuanto a las leyes relacionadas con el medio ambiente, existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual rige a todo el país en cuanto a cuestiones ambientales, y cuyo objetivo es garantizar y preservar la calidad del ambiente a la población mexicana, mediante la implementación de normas, reglamentos y programas. De esto se deriva el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), el cual fue expedido en septiembre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Estos instrumentos de política ambiental tienen, en teoría, la finalidad de regular las actividades productivas del país sin comprometer el equilibrio y calidad de los ecosistemas existentes en todo el territorio nacional. Sí, “en teoría”, porque no estaríamos hablando del México real si no se mencionara que las leyes, no sólo las de
índole ambiental, tienen dos factores en común: 1. no siempre son respetadas, ya sea por falta de información o imprudencia, y 2. el parcial acatamiento de éstas genera conflictos en la sociedad y su entorno, como es el caso de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual promete estar a la par de los de primer mundo en cuanto a infraestructura, servicios y sustentabilidad, y vendría a sustituir al actual aeropuerto, que presenta problemas debido al flujo de pasajeros que requieren este medio de transporte.

Vanguardista o no, el NAICM se encuentra ubicado en una región susceptible a presentar conflictos ambientales debido a los impactos negativos anteriores, específicamente, en la región 14.16, en la Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 121 (Depresión de México) del POEGT. Esta región, además, tiene una política ambiental de “aprovechamiento sustentable, protección, restauración y preservación del medio”, tanto sus estrategias y acciones están dirigidas a la conservación de los ecosistemas, recuperación de especies, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables, entre otras.

A pesar de los potenciales desequilibrios en el medio que causaría el desarrollo del NAICM y de varias incongruencias que presentaba el proyecto, se aprobó su construcción. Algunas de estas comprometen la disponibilidad del agua, ya que el POEGT indica que en esa zona se presentaba un “déficit de agua superficial” y un “déficit de agua subterránea” en el año 2008, (DOF 2012, p. 239), y el estimado, para la ejecución de la Fase 1 del NAICM, son 7,959 m3/día de agua sin considerar el consumo de la Aerotrópolis, uno de los anexos del proyecto. Otras incongruencias relacionadas con la fauna del sitio: en el terreno existen especies con carácter de protección especial enlistadas en la NOM059-SEMARNAT-2010, las cuales, podrían llegar a cambiar su estatus a “Amenazadas” por las actividades de desarrollo del proyecto, lo que se contrapone a las estrategias, ya que una de sus acciones consiste en: “Fortalecer la conservación de los ecosistemas y las especies, en especial, de aquellas especies en riesgo” (DOF 2012, 2° sección), e incluso en el artículo 35, fracción III, de la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección del Ambiente (LGEEPA), menciona que se negará la autorización cuando “La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies” (LGEEPA 2012, p. 26).

Así como estas, en el proyecto se encuentran otras actividades que incumplen lo establecido en la LGEEPA o en el POEGT, que no sólo acrecientan la vulnerabilidad de los recursos disponibles, sino también, causan estragos en las poblaciones colindantes, como es el caso de los municipios de Tlalmanalco y Tepetlaoxtoc, en el estado de México. Estos municipios están siendo afectados por la explotación clandestina de minas y bancos de materiales para satisfacer la demanda de insumos que implica el desarrollo del proyecto, cuando en el programa de ordenamiento ecológico se propone: “Desarrollar acciones de colaboración entre el sector minero y las autoridades ambientales, que promuevan el desarrollo sustentable de la industria minera, así como mejorar los mecanismos específicos de gestión y control en las diferentes fases de sus actividades.” (DOF 2012).

La demanda de servicios, y el desarrollo de proyectos para solventarlos, no justifica la modificación total o destrucción de los ecosistemas. No es frenar o prohibir éstos, puesto que son necesarios e incluso benefician a la población, es analizar si su implementación en el medio es viable o no, de acuerdo a lo establecido; es que la infraestructura converja con el medio y con la sociedad, es buscar el desarrollo sostenible.

Así como el nuevo aeropuerto, muy probablemente existan otros proyectos de diferentes clases y diferentes magnitudes, que violan los ordenamientos, reglamentos o leyes ambientales existentes, justificándose con el progreso y el crecimiento del país, pero es importante entender que estos instrumentos dan la pauta para que no se comprometa más el equilibrio y la calidad de los recursos naturales y de los ecosistemas; buscan que, nosotros como población y como parte del entorno, podamos disfrutar de un ambiente digno. El no respetarlas sólo propiciará problemáticas ambientales cada vez más graves: más deforestación, más suelos erosionados, escasez de agua, mayor número de especies de flora y fauna en peligro de extinción. Tal vez sean escenarios drásticos, pero no por eso menos probables.

Sí, México es un país con muchas leyes, reglamentos, normas y programas, pero no, las reglas no se hicieron para romperse.


Referencias

  • Diario Oficial de la Federación. 2008. Acuerdo por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (Continua en la Tercera Sección). Recuperado el 06 de junio de 2017 desde: http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ ordenamientoecologico/Documents/documentos_bitacora_oegt/ dof_2012_09_07_poegt.pdf
  • Diario Oficial de la Federación. 2012. Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Recuperado el 06 de junio de 2017 desde: http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/ protocolo/LGEEPA.pdf
  • Hidalgo, C. (2016, 26 de noviembre). Clausuran 11 minas clandestinas en la Zona del INAI. Milenio. Recuperado el 11 de junio de 2017 desde: http://www.pressreader.com/mexico/milenio-edo-deméxico/20161126/281608125038503
  • Ramón, R. (2017, 7 de abril). Ambientalistas demandan aclarar la explotación del cerro El Tenayo. La Jornada. Recuperado el 11 de junio de 2017 desde: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/17/ ambientalistas-demandan-aclarar-la-explotacion-del-cerro-eltenayo
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2015. Inventario de bancos de materiales – Estado de México.

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