La «adicionalidad» del Mecanismo de Desarrollo Limpio en la mira

Alejandra Mariel Vergara Herrera
CIIEMAD-IPN 

El cambio climático es descrito como un problema perverso (wicked problem) ya que tiene características como la complejidad; sin solución definitiva ni a corto o largo plazo; es síntoma de otros problemas; puede ser explicado de diversas formas y es difuso de contextualizar, por mencionar algunos (Head, B., 2008, 102). En el ámbito internacional han surgido a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, diversas estrategias para intentar mitigarlo, uno de ellos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), como una herramienta del Protocolo de Kioto en donde convergen intereses de países industrializados y países en desarrollo. El MDL tiene como objetivo dual establecer proyectos en países en desarrollo que contribuyan a la sustentabilidad y coadyuvar a los países desarrollados a la cumplir con sus metas de reducción de gases de efecto invernadero (Protocolo de Kioto, artículo 12).

Una vez aplicado el proyecto (público o privado), los inversionistas reciben Reducciones Certificadas de Emisiones (CER, en inglés) que pueden comerciarse en el mercado de carbono. Estos CER son calculados a través de la «adicionalidad»[1]. El grueso de la literatura del MDL considera que la adicionalidad automáticamente contribuye a la sustentabilidad, sin embargo, los impactos negativos de los MDL se han abordado de manera residual (Villavicencio, 2004, 59).

En este sentido se han observado irregularidades como: falta de información oportuna e integral y descripción del proyecto a la comunidad; falta de procesos de consulta para obtener consentimiento previo, libre e informado; primar la reducción de emisiones sobre otros aspectos como pérdida de biodiversidad o de calidad de agua y suelo (Guijarro et. al, 2009, 24). Además, las ganancias de los MDL no se han traducido en beneficios integrales comunitarios pues se quedan en manos de las empresas que pueden reinvertir los beneficios del proyecto por la expansión en otras actividades industriales contaminantes (Wara, 2007, 595).

En consecuencia, Newell (2005) considera que los MDL han generado una red entre los compradores y vendedores de CERs, así como organizaciones intermediarias, convirtiendo los MDL en instrumentos que contribuyen a una «mercantilización de la gobernanza ambiental». De acuerdo a Lipsky (1983) no se descarta la acción política torno al tema, los agentes de las negociaciones son burócratas de la economía del carbono; esto es, que los agentes de gobierno, en su quehacer diario, realizan funciones de contabilidad, seguimiento, medición y auditoría que permiten a la economía del carbono funcionar ya que asignan valor y facilitan el intercambio de certificados, construyendo credibilidad de las transacciones del mercado.

Se debe mencionar que la cantidad de créditos ganados en cada proyecto es calculada por la diferencia entre el nivel de emisiones con el proyecto y el nivel de emisiones que pudo haber ocurrido en un alternativo futuro imaginario sin el proyecto.  Debido a que es un futuro imaginativo, el contaminador puede reportar grandes cantidades de emisiones sin una comprobación sustentada. Así puede ganar bastantes créditos por el MDL, permitiéndole utilizarlos para aumentar emisiones, vender CERs a otros contaminadores o una combinación de estas tácticas lucrativas. Las consecuencias a largo plazo son el incremento real de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentan su ganancia por la venta de bonos (Bachram, 2004, 11).

Al respecto  , Lohman (2006) menciona que los expertos que trabajan en el mercado de emisiones han admitido que las estimaciones de reducciones son hipotéticas para la mayoría de los proyectos y puede esperarse que difieran por grandes porcentajes si sólo cambia un pequeño elemento en los supuestos iniciales. Michael Schluo de Gold Standard, una organización que certifica proyectos MDL categorizados de gran calidad, ha afirmado que más del 50% de los proyectos no cumplen realmente con la «adicionalidad», es decir, se mantienen en las emisiones como de costumbre (business as usual); sin embargo, se les atribuye la facultad de expedir CERs. En un estudio similar denominado World Bank Prototype Carbon Fund’s del CEE Bankwatch, se expone cómo proyectos MDL no contribuyen a la reducción de emisiones, al contrario, emiten como business as usual.

Aunado a ello, las supuestas reducciones van encaminadas a aquellos lugares y sectores donde sea más barato la reducción, retrasando el proceso de cambio de esquemas de producción y consumo que requiere el cambio climático. En consecuencia, no se alientan inversiones a largo plazo y de amplia restructuración de los sectores productivos hacia la transición de una sociedad poco dependiente de combustibles fósiles; al contrario, se alientan medidas provisionales dispersas y más baratas.

Por lo anterior, Bachram (2004) afirma que el mercado y los mecanismos han construido la idea que en la atmosfera es legal la emisión de gases de efecto invernadero mediante «permisos para contaminar», como si se tratara de cualquier mercancía. De manera que, la idea de modificar el clima creando un mercado de créditos de carbono parece irreal, el Protocolo de Kioto no resolverá el cambio climático.

Finalmente, no es creíble que el mercado por sí solo pueda generar una distribución equitativa de los recursos naturales o detener la degradación ambiental (Lövbrand, 2007, 139). Por ello, parece necesario entonces buscar alternativas para mitigar el cambio climático a través de otros medios que no se traten de mecanismos de mercado sino basados en el reconocimiento de la dinámica de los sistemas sociales y ecológicos y como se encuentran vinculados desde sus relaciones, interacciones y retroalimentaciones, como un sistema complejo (Farhard, 2012, 266).

[1]La CMNUCC lo define como un criterio de elegibilidad de proyectos dentro del mercado de carbono que ayuda a determinar si la implementación de dicho proyecto conlleva a un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero por debajo del nivel de emisiones que hubiera existido en el escenario más probable si no se hubiera implementado dicho proyecto.

Referencias

  • Bachram, H. (2004). Climate Fraud and Carbon Colonialism: The New Trade Greenhouse Gases. En Capitalism, Nature, Socialism , 15 (4), 10-12.
  • Farhard, S. (2012). Los sistemas socio-ecológicos. Una aproximación conceptual y metodológica, XIII Jornadas de Economía Crítica, Sevilla, 265-280.
  • Guijarro, et. al. (2009). Impacto de los proyectos MDL sobre el desarrollo humano. Análisis de experiencias en Marruecos, Guatemala y México. Madrid, España: OXFAM-Universidad Politécnica de Madrid, 45.
  • Head, B. (2008) Wicked Problems in Public Policy. Public Policy, 3 (2), 101-108
  • Lipsky, M. (1983). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. NY, US: Russell Sage.
  • Lohmann, L. (2006). Carbon trading: A critical conversation on climate change, privatisation and power. Development Dialogue (48).
  • Lövbrand, K. B. (2007). Climate Governance Beyond 2012: competing discourses of green governmentality, ecological modernization and civic environmentalism. En Mary, Pettenger (ed.) The Social Construction of Climate Change. Power, Knowledge, Norms, Discourses. Hamsphire, Burlington: Ashgate Publishing, 123-147.
  • Newell, P. (2005). Towards a political economy of global environmental governance. En P. Dauvergne, Handbook of international environmental politics. Cheltenham, UK: Edward Elgar. pp. 187-202.
  • Protocolo de Kioto (1998). Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas:NY. Recuperado el 15 de marzo de 2014, de [URL:http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf].
  • Villavicencio, A. (2004). Mitos y realidades del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 2, 56-65.
  • Wara, M. (2007). Is the Global Carbon Market working? Nature, 445, (8), 593-596.

 

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