La energía eólica en Oaxaca: injustica social y ambiental

Por: María del Carmen Monterrosas Mirón 

La energía renovable no puede ser sustentable si sólo se toma en cuenta el aspecto económico. La Asociación Mexicana en Energía Eólica (AMDEE) reportó que en 2014 México generaba 2,551 Mega watts (MW) y que se espera que entre 2020 a 2022 sean 15,000 MW, además menciona que en ese año existían 31 parques eólicos en operación y 1570 aerogeneradores operando en México. Oaxaca posee un potencial eólico de 10,000 MV (AMDEE, 2010, p. 28), la capacidad energética de los 27 proyectos eólicos en operación registrados en 2015 fue de 2,359.97 MW (AMDEE, 2015). En contraste no ha habido un desarrollo social favorable a en todo el Istmo de Tehuantepec, los residentes y expertos mencionan que los parques eólicos genera empleos durante su construcción, después ya no existen más fuentes de empleo, los que obtienen un beneficio son los dueños de las tierras que las rentan para las empresas eólicas, además a los pueblos indígenas no se les consultó sobre el proyecto por lo que no se cumple con esa obligación señalada por la Ley de hidrocarburos de 2014 (Burnett, 2016)

El aprovechamiento de la energía del viento sólo puede ser para unos cuantos ya que el gobierno con el fin de incentivar la inversión privada repartió el territorio del Istmo de Tehuantepec entre las empresas y consorcios interesados para formar evitar que éstas compitieran entre sí e impedir que las comunidades indígenas pudieran llevar a cabo las negociaciones debido a que entre los inversionistas fijaron los precios por el pago del uso de sus tierras (Von Bertrab, 2016, párr.8). El presente ensayo examina la desigualdad social y el efecto al medio ambiente de la implementación de los proyectos eólicos en el estado de Oaxaca, se hablará sobre las irregularidades en la implementación de los proyectos eólicos en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, el impacto social y ambiental en éstas y de las agresiones que han enfrentado activistas y pobladores por oponerse a los proyectos, por último brindaré mi conclusión del caso.

Ninguno de los proyectos considera dotar de energía eléctrica a las poblaciones locales, sino que están concebidos para suministrar la energía generada mediante la red eléctrica nacional. La mayoría se creó conforme el esquema de autoabastecimiento[1] —que surgió en 1992 con la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica (Von Bertrab, 2016, párr. 9), el artículo 36 de esta ley considera que las personas físicas o morales y la sociedad de éstas generarán energía eléctrica para satisfacer sus necesidades y que no podrán entregar a terceros a menos que haya una autorización de cesión de derecho o la modificación de planes de expansión. El proyecto de La Venta II, a partir de 2007, se tenía previsto que reducirá la emisión de 192,545 toneladas de CO2 equivalente durante siete años de la acreditación inicial, quién compraría Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) sería el Fondo Español de Carbono (Guijarro et al., 2009).

En el Seminario Internacional Megaproyectos de energía y territorios indígenas “El Istmo en la encrucijada” llevado a cabo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en 2013, se realizó una declaratoria respecto a los problemas del despojo del territorio y los recursos naturales por los proyectos eólicos además de pronunciarse en contra de la introducción de semillas genéticamente modificadas que ponen en riesgo el maíz criollo de la región. En la declaratoria se resalta lo siguiente: “no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”. Los proyectos eólicos han traído mayores problemas sociales que beneficio puesto que no han sido transparentes en el acceso a la información para los pobladores y han recurrido a la violencia para reprimir la oposición al desarrollo de estos. En el proyecto de La Venta II, la empresa trato de forma individual cada contrato en vez de tratarlo en conjunto con todos los ejidatarios; los pobladores consideran que ha fragmentado a la comunidad además de recibían visitas entre 3 y 4 veces a la semana para hablarles de que obtendrían mucho dinero con el fin de que firmaran sin explicarles todo lo que implicaba el proyecto; los contratos fueron escritos en español sin embargo la mayoría habla zapoteco o es analfabeta, igualmente indican que no recibieron copia de su contrato por lo que no conocen los términos del mismo, se presentaron otras irregularidades como la empresa convencía a otra persona a firmar cuando el jefe de la familia se negaba y que los técnicos tomaron medidas en los terrenos sin haber un contrato (Guajira et al., 2009). Bettina Cruz[2] explica que Mareña Renovables no tomó en cuenta que la comunidad de San Dionisio depende de la pesca artesanal agrega que “sólo mediante la siembra del terror en la población se habría logrado imponer tal proyecto”[3] ya que los pobladores y observadores denuncian que Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, envió policías para reprimir a la población bajo las órdenes de la empresa (Von, Bertrab, 2016).Lo antes expuesto permite observar que la comunicación sólo se llevó a cabo entre las empresas y el gobierno por lo que no hubo una evolución de acuerdo con el “modelo de soporte comunitario y acción política con ciencia” propuesto por Reid et al. (2009), ésto representa el primer modelo ya que mantiene una separación entre la comunidad y las empresas en conjunto con el gobierno, la ciencia y los intereses económicos influyen en la política para facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos en Oaxaca, la participación de la comunidad representa un obstáculo por lo que emplean la represión y no hacen un proceso claro de negociación de los contratos.

El proyecto de energía eólica en Oaxaca  han ocasionado graves efectos negativos en el medio ambiente, el parque eólico de La Venta II ocasionó la muerte de 9900 ejemplares de animales (principalmente aves y murciélagos) debido al choque con las aspas de las turbinas aerogeneradoras, los proyectos eólicos en la Barra de Santa Teresa ocasionaría la perdida de especies acuáticas y aves lo que ocasionaría una grave amenaza a la soberanía alimentaria y al sistema productivo de la región; entre otras afectaciones están la contaminación de los suelos, ríos, lagunas y acuíferos provocado por el derrame de aceites de las turbinas, acumulación de los residuos de la construcción de los parques, erosión del suelo, pérdida de la vegetación, contaminación sonora electromagnética por el gran número de aerogeneradores funcionando al mismo tiempo, contaminación visual y afectación al paisaje (SIPAZ, 2013).

Cash et al. (2002) sugieren 3 funciones para la gestión de los límites en los sistemas de desarrollo sustentable: comunicación, traducción y mediación. Estas funciones no fueron tomadas en cuenta debido a los intereses económicos de los consorcios energéticos y sus aliados políticos. Entre las acciones que omitieron fueron: líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas, proporcionar un foro en dónde la información fuera coproducida junto con los habitantes ya que no hubo una comunicación abierta entre el gobierno, los inversionistas y la comunidad, los primeros no brindaron información adaptada a la lengua nativa (zapoteco) ni comprensible a todos por lo que refleja que las negociaciones sobre la explotación del potencial energético del viento de la región sólo fue hecha entre el gobierno y los inversionistas para que los segundos obtengan beneficios sin importar la participación de los habitantes.

En conclusión, la energía eólica no es sustentable debido a que responde a los intereses económicos de los consorcios empresariales apoyados por los políticos no toma en cuenta evitar el mayor daño posible al medio ambiente ni respeta los derechos humanos de las comunidades debido a que emplea la violencia para mantenerlos callados, una energía no puede ser sustentable si no va a la par con la justicia social y si genera daños graves al medio ambiente.


[1] Los proyectos de La Venta y La Venta II se crearon bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF). Oaxaca II, III y IV, La Venta III, Oaxaca I, Sureste I Fase II (Energías Renovables La Mata) fueron creados bajo el esquema Productor Independiente de Energía (PIE). Fuente: AMDEE (2015). Oaxaca. Recuperado de: http://www.amdee.org/mapas/oaxaca-2015

[2] Integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), ha sido hostigada por autoridades tras participar en las protestas y ha recibido amenazas de muerte.

[3] Las organizaciones civiles documentaron el proceso legal y las regularidades del proyecto de Eólica del Sur (antes Mareña Renovables); se interpusieron dos recursos de amparo por violaciones del derecho a consulta que resultó en la orden de suspensión del proyecto hasta la resolución del caso (Von Bertrab, 2016)


Bibliografía

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